L E Y I N° 835


LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
TITULO I
Disposiciones Iniciales
Capítulo I
Objeto
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto la promoción y protección integra! de las personas mayores que se encuentren en el territorio de la provincia del Chubut, para asegurar el reconocimiento, participación y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, en los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por el Estado Argentino, en las condiciones de su vigencia en cuanto a su exigibilidad en territorio provincial, en el orden nacional, provincial y municipal.
La Provincia reconoce la plena vigencia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley N°27.360) como marco interpretativo y programático de la presente ley y de su reglamentación, en lo que resulte compatible con el régimen competencial provincial y municipal, la que forma parte como Anexo I de la presente ley.
Capitulo II
Definiciones y Objetivos
Articulo 2o. - A los efectos de la presente ley, quedan comprendidas todas las personas mayores de 60 (sesenta) años, que tengan residencia permanente o fehacientemente demostrable en la Provincia del Chubut, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía. Sus derechos y garantías son de orden público, irrenunciables e interdependientes.
Articulo 3o. - A los efectos de la presente ley, y sin perjuicio de las definiciones contenidas en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, se entenderá por:
a)     Actividades de la vida diaria: actividades orientadas a interactuar con el entorno, engloba las más básicas, de autocuidado, así como las de tipo instrumental y por último las avanzadas, que implican mayor complejidad;
b)     autonomía: capacidad de controlar, afrontar y tomar, por iniciativa propia, decisiones personales sobre cómo vivir y cómo desarrollar las actividades básicas de la vida;
c)     curso de vida: enfoque multidimensional que analiza el impacto e interrelación de eventos históricos, económicos, demográficos, sociales y culturales que predisponen a la configuración de las vidas individuales de las personas, y a los agregados poblacionales denominados cohortes o generaciones;


d)     dependencia: limitación funcional de diverso grado que requiere asistencia para realizar actividades de la vida diaria;
e)     edadismo/viejismo: estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra otras personas o autoinflinjido por razones de edad (Organización Panamericana de la Salud; 2021);
f)     gerontología: ciencia que estudia tanto el envejecimiento y la vejez humana, corno a los sujetos envejecientes y envejecidos, bajo una perspectiva integral que incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, económicos y legales;
g)     interdependencia: relación recíproca entre personas, donde las decisiones y acciones de las partes, se afectan mutuamente. Es un concepto que busca un cambio de paradigma en las políticas del cuidado;
h)     salud: Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Artículo 4o. - En concordancia con los principios y derechos reconocidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, y a los efectos de la presente ley, se establecen los siguientes objetivos:
a)     Promover, proteger y defender los derechos reconocidos y el respeto a la condición de sujeto de derecho de las personas mayores;
b)     garantizar el abordaje y la intervención integral, desde la perspectiva gerontológica e interinstitucional, a las personas mayores que hayan sido víctimas de cualquier tipo de abuso, maltrato o injuria, de modo de efectivizar los apoyos necesarios;
c)     fortalecer los mecanismos que promuevan la prevención de delitos económicos contra las personas mayores mediante dispositivos conformados por equipos especializados en temática de gerontología y violencias que realicen los apoyos necesarios;
d)     prevenir las conductas de abuso o maltrato mediante laconcientización de la comunidad;
e)     impulsar la creación de un sistema gerontológico, de Atención Progresiva para el cuidado Integral de las personas mayores, con enfoque centrado en la persona que provea la protección y promoción de la salud bio-psico-social de las personas mayores, (cobertura de servicios sociales, la seguridad alimentaria y nutricional, farmacológica, agua, vestuario y vivienda), incluyendo la satisfacción de necesidades superiores (entorno afectivo, nuevos vínculos, percepción de calidad de vida y actividades electivas) que propicien la dignidad, autonomía e independencia de las mismas, respetando su propia identidad;
f)     garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad, prevenir el abuso y la enajenación ilegal, incluida la libre disposición de sus bienes;
g)     incluir todos los enfoques con los que se perciba la persona mayor, en la planificación e implementación de las políticas públicas de modo que las mismas garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres, hombres y diversidad sexo-género;
h)     coordinar interinstitucionalmente las políticas implementadas y futuras pertenecientes al ámbito nacional, municipal y comunal;
i)     descentralizar los planes y programas de los organismos de aplicación y ejecución;
j)     promover y afianzar la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y control de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas;
k)     propiciar ]a promoción de la participación activa de las personas mayores en los ámbitos en que se efectivicen las políticas públicas; gestionando y dinainizando los mecanismos de información, para efectivizar el ejercicio del derecho a la participación e integración comunitaria (artículo 8°C1DDHHPPMM), así como sus derechos políticos (artículo 27 inciso
d)     C1DDHHPPMM);
l)     promover el fortalecimiento de las redes existentes y la generación de nuevos lazos sociales, alcanzando ámbitos estatales como privados;
in) propenderá la creación de ámbitos de participación para la investigación dirigida a enriquecer los conocimientos relacionados con las personas mayores;
n)     concientizar a la población desde la niñez acerca de la importancia de considerar y reconocer a las personas mayores en el medio donde han desarrollado su vida, resguardando así su patrimonio cultural y social,
o)     proveer del cuidado bio-psico-social de las personas mayores en situación de abandono y/o vulnerabilidad social en instituciones gerontológicas, ya sean de larga estadía o concurrencia diurna, tanto estatales como privados, desde una perspectiva gerontológica;
p)     promover acciones especificas que tengan por objeto erradicar la discriminación por edad (edadismo);
q)     incorporar la perspectiva gerontológica, la diversidad de las vejeces, la identidad singular, propia de cada sujeto en proceso de envejecimiento, basada en los principios rectores y generales de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las personas mayores;
r)     incorporar el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas mayores mujeres y de las que pertenezcan a grupos minoritarios;
s)     favorecer y propiciar acciones para el empoderamiento de las personas mayores;
t)     impulsar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, para el cumplimiento de los principios de esta ley;
u)     propiciar la implementación de políticas universitarias destinadas a las personas mayores.
TÍTULO II
Capítulo I
Obligaciones del Estado hacia las Personas Adultas Mayores
Articulo 5°. - A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley, el Estado provincial, a través de sus Ministerios, Secretarías y Entes Autárquícos, deberá coordinar, mediante políticas públicas y programas, el acceso efectivo a los derechos consagrados en las leyes vigentes y en esta norma. A tales efectos, deberá:
a)     Implementar planes de protección para garantizar la adecuada nutrición de las personas mayores;
b)     instrumentar planes de asistencia directa para el abordaje e intervención gerontológicos de personas mayores en situación de extrema vulnerabilidad y deficiencias sociosanitarías, habilitando a otras personas la legitimación para actuar cuando sea víctima de un ataque a su derecho humano;
c)     acceso a la vivienda digna. Es obligación del Estado promover planes y/o programas habitacionales para personas mayores en situación de vulnerabilidad social y riesgo
habitacional. Para ello, el Poder Ejecutivo provincial y los ejecutivos municipales podrán celebrar convenios de partes entre ellos o con el Poder Ejecutivo Nacional para la construcción de viviendas y/o mejoramientos habitacíonales con financiamientos compartidos destinados a personas mayores en situación de vulnerabilidad social y riesgo habitacional.
Las viviendas enunciadas serán entregadas en locación o comodato, determinado según ingresos del beneficiario y normativa del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (LP.V.yD.U.). El beneficiario usufructuará el bien sin generar derechohabiente en caso de fallecimiento, retornando el inmueble al Estado para reasignarlo a otro beneficiario adulto mayor en riesgo habitacional. Los gastos por servicios y mantenimiento del bien correrán por cuenta del beneficiario;
d)     crear redes de contención, dando participación directa a los Municipios, Consejos Locales de personas mayores (CLAM), otras Organizaciones No Gubernamentales y entidades que tengan relación con la temática de personas mayores y/o trato directo con las mismas;
e)     asegurar el adecuado funcionamiento de las instituciones y dispositivos gerontológicos, tales como Residencias Gerontológicas de Larga Estadía (RGLE), Centros de Día, espacios de respiro, viviendas tuteladas y hogares, en tanto sean espacios vitales con enfoque en la humanización de los cuidados;
f)     proponer, difundir y fomentar alternativas a la institucionalización tales como atención domiciliaria, cocina sobre ruedas, centros diurnos, subsidios, viviendas tuteladas, comedores comunitarios, familias sustituías y planes de adaptación de viviendas a las necesidades de las personas mayores;
g)     capacitar al personal que desde diferentes ámbitos atiende a las personas mayores incluyendo a los familiares que asuman el papel de cuidadores;
h)     procurar la integración de los servicios de personas mayores a otros grupos etarios, favoreciendo su incorporación y enriquecimiento cultura! y social;
i)     procurar la accesibilidad y movilidad corporal fluida, así como promover beneficios tarifarios y/o esquemas de gratuidad en los medios locales de transporte, conforme la normativa munícípal/comunal aplicable, y la adopción de adaptaciones razonables;
j)     crear oportunidades de participación en el proceso de educación formal y no formal, con regímenes o programas especiales para las personas mayores, derivadas de la consulta previa a las mismas, a través de la educación comunitaria;
k)     promover el fortalecimiento del rol de la familia como núcleo primario de apoyo y contención de la persona mayor, fomentando su participación activa en los planes y programas de cuidado, acompañamiento y protección de derechos, e implementando acciones de capacitación, orientación y apoyo para familiares cuidadores, en coordinación con los organismos competentes;
l)     instrumentar dispositivos de intercambio intergeneracional, a través de trasvasara iento generacional que implique transformación, propiciando espacios para el debate y la formación continua.
Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Articulo 6°, - La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Desarrollo Humano, o el organismo que en el futuro lo reemplace, el que tendrá a su cargo la instrumentación, ejecución y control de políticas dirigidas a las personas mayores, en la medida y con el alcance que establezca en la reglamentación de la presente ley.
Artículo 7o. - La Autoridad de Aplicación, a través del área que designe, deberá llevar adelante las siguientes funciones:
a)     impulsar la implementación de políticas públicas provinciales en los ámbitos provincial, local y regional;
b)     elaborar un Plan Provincial de Promoción y Protección de Derechos de las personas mayores, donde se fíjen los lincamientos, de acuerdo a los desarrollos de la presente ley, los actores gubernamentales responsables, los plazos previstos y los recursos necesarios. En la elaboración de este Plan deben participar y colaborar los organismos que sean requeridos;
c)     incluir el rol central de las familias y la perspectiva de género en la elaboración del Plan Provincial de Promoción y Protección de Derechos de las personas mayores;
d)     coordinar con los distintos ministerios y áreas de gobierno la implementación del Pian Provincial de Promoción y Protección de Derechos de las personas mayores, de acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente ley;
e)     resolver cualquier asunto relacionado con la aplicación de la presente ley; Promover la coordinación y articulación de políticas y/o programas con el Estado Nacional, otras provincias, Municipios y Comunas para la Promoción y Protección de personas mayores;
f)     propiciar la creación de áreas locales que aborden la temática de personas mayores en el ámbito comunal y municipal;
g)     brindar asistencia técnica y capacitación a organismos de la Provincia, Municipios, Comunas y Organizaciones de la Sociedad Civil que participen en programas o en servicios de atención directa a los sujetos que esta ley protege;
h)     fortalecer el reconocimiento en la sociedad de personas mayores como sujetos activos de derechos;
i)     celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para el logro de sus funciones;
j)     implementar políticas intergeneracionales que promuevan el diálogo entre los jóvenes y las personas mayores, logrando mayor interacción y equidad entre generaciones;
k)     implementar planes de protección para garantizar la adecuada nutrición de los mayores;
l)     instrumentar planes de asistencia directa para la atención de los casos de extrema pobreza y deficiencias sanitarias;
m)     crear redes de contención, dando participación directa a los Municipios, Organizaciones No Gubernamentales y entidades que tengan relación con la temática de los mayores;
n)     velar por el adecuado funcionamiento de las instituciones de atención para mayores, tales como hogares de estadía permanente, centros geriátricos, lugares de día y centros asi stenc ¡ales;
o)     proponer, difundir y fomentar alternativas a la internación tales como atención domiciliaria, cocina sobre ruedas, centros diurnos, subsidios, viviendas tuteladas, comedores comunitarios, familias sustitutas y planes de adecuación de viviendas a las necesidades de los mayores;
p)     procurar la integración de los servicios de mayores a otros grupos etéreos, favoreciendo su incorporación y enriquecimiento cultural y social;
q)     procurar la funcionalidad en el acceso y la gratuidad en los medios focales de transporte;
r)     brindar oportunidades de participación en el proceso de educación formal y no formal, con regímenes o programas especiales para los mayores;
s)     crear y administrar el Programa Provincial de Promoción y Cuidados de Personas Mayores establecidos por la presente ley;
t)     celebrar convenios con organismos provinciales, municipales, comunales, el IAS y entidades privadas para cofínanciar acciones del Programa, conforme régimen presupuestario y de control;
u)     implementar un canal unificado de denuncias y consultas en materia gerontológica, con obligación de remitir a la autoridad competente y de emitir respuesta fundada en un plazo de 30 días;
v)     publicar indicadores e informes de avance del Plan Provincial, garantizando datos abiertos.
Artículo 8°. - Créase el Programa Provincial de Promoción y Cuidados de Personas Mayores, con crédito presupuestario anual, el que será determinado por la Ley de Presupuesto. La Autoridad de Aplicación aprobará las líneas programáticas (cuidados domiciliarios y comunitarios; fortalecimiento de redes; envejecimiento activo; apoyo a familiares cuidadores; adecuación edilicia y accesibilidad; formación y certificación; prevención de violencias, fraudes y abusos), podiendo suscribir convenios específicos con otras jurisdicciones y entidades conforme normativa presupuestaria, de contrataciones y control.
Artículo 9.- La asignación de recursos del Programa se realizará mediante criterios objetivos, incluyendo: población 60+ (más sesenta), Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), ruralidad y dispersión geográfica, brecha de oferta de cuidados y situaciones de vulnerabilidad priorizadas.
La Autoridad de Aplicación definirá líneas concursables para proyectos locales, con topes de gasto de funcionamiento y régimen de rendición.
Artículo 10.- La Autoridad de Aplicación deberá:
a)     Mantener un tablero público con metas, indicadores y ejecución física/financiera;
b)     publicar en 10 (diez) días las opiniones/dictámenes emitidos por Consejos Locales/Provincial y las respuestas fundadas de los órganos competentes;
c)     informar trimestralmente la ejecución del Programa y resultados.
TÍTULO III
Capitulo I
Coordinación con Municipios y Comunas
Artículo 11.- El Estado provincial podrá celebrar convenios con los municipios, comisiones de fomento, comunas rurales respetando en todos los casos la autonomía municipal/comunal, su iniciativa del gasto y competencias propias, así como también con instituciones públicas o privadas a fin de articular acciones conjuntas para la impleinentación de las políticas establecidas en la presente ley y formular una política coherente en materia de personas mayores.
Dichos convenios podrán incluir, en el marco de las posibilidades provinciales, la provisión de asistencia técnica y/o financiera, respetando las autonomías municipales y de los pueblos originarios.
Artículo 12.- Créase el Consejo Provincial de Personas Mayores y créanse los Consejos Locales de Personas Mayores (CLAM) en municipios y comunas que lo dispongan.
Reconocimiento y personería:
a)     Para la participación consultiva y en los mecanismos de articulación previstos en la presente ley, bastará la inscripción en el Registro Provincial de Consejos de Personas Mayores que llevará la Autoridad de Aplicación.
b)     La personería jurídica (1GJ u organismo competente) será exigióle únicamente cuando el Consejo suscriba convenios con transferencia de fondos o administre bienes de terceros, rigiendo el régimen de rendiciones y control.
Artículo 13.- Incidencia reforzada. Los Consejos Locales y el Consejo Provincia! tendrán carácter consultivo con incidencia reforzada, lo que implica:
a)     sus dictámenes serán obligatorios de requerir antes de la adopción de políticas, planes o actos que les conciernan;
b)     la autoridad competente deberá emitir respuesta fundada dentro de 30 días corridos, la cual será publicada;
c)     los acuerdos programáticos celebrados entre el municipío/comuna y el Consejo que sean homologados por acto administrativo tendrán carácter vinculante para su ejecución dentro del ejercicio presupuestario correspondiente.
TÍTULO IV
Capítulo I
Registro provincial de instituciones gerontológicas públicas y privadas.
Artículo 14.- Créase el Registro Provincial de Instituciones Gerontológicas Públicas y Privadas en el ámbito de la Secretaría de Salud, o en el que en el futuro lo reemplace. En el mismo deberán inscribirse todas aquellas instituciones que desarrollen programas y/o servicios de promoción, tratamiento, protección y defensa de las personas mayores.
Capítulo II
Sistema integral de cuidados progresivos
Artículo 15.- El Gobierno provincial promoverá la creación de un sistema integral de cuidados progresivos, basado en la cooperación entre el sector público y privado.
Artículo 16.- A los efectos de la interpretación, aplicación y control de la presente ley, y en el marco del Sistema Integral de Cuidados Progresivos, se entenderá por tales a;
a)     las estructuras sociales compuestas por personas, familias, grupos organizados de la comunidad, instituciones privadas y estatales, que articulan programas, intereses y acciones,
procurando garantizar el adecuado cuidado y la satisfacción de necesidades a las personas mayores, promoviendo así una vejez con la mejor calidad de vida;
b)     las acciones de cuidado familiares y/o comunitarias que las personas mayores deben recibir para garantizar su derecho a la atención de las necesidades básicas de la vida diaria, por verse afectada su autonomía en forma total o parcial. Es, en tanto, un derecho como una función social que implica la promoción del desarrollo personal, atención y asistencia a las personas mayores;
c)     espacios organizacionales en donde se llevan a cabo servicios integrales de atención centrada en la persona y actividades participativas destinadas a promover el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores;
d)     la atención gerontológica integral centrada en la persona y su familia como modelo de abordaje e intervención gerontológico, de enfoque multidimensionai con objetivos y características que priorizan el respeto por la dignidad, decisiones, intereses, preferencias, valores y participación activa en todo cuanto a la calidad de vida y bienestar de la persona mayor incumbe;
e)     los lugares de acogida dentro de un tiempo estipulado con frecuencia diaria, semi-permanente o de larga estadía siendo la persona mayor, sujeto de derechos y titular primario de esta alternativa.
Artículo 17,- La Provincia del Chubut deberá contar en forma paulatina y en el marco de las posibilidades presupuestarias con servicios y establecimientos de atención progresiva para las personas mayores, públicos y/o privados, garantizando preferentemente el acceso a las personas sin ningún tipo de cobertura social ni provisional, atendiendo a situaciones de abandono y/o vulnerabilidad social.
Dichos servicios y establecimientos podrán asumir el carácter de programas de apoyo a los cuidados familiares, programas de promoción del envejecimiento activo, programas de acompañamiento en el propio domicilio, programas de cuidados domiciliarios, programas de intervención multidisciplinaria, programas de día, programas estatales de inserción familiar, residencias con estadía transitoria, y residencias de larga estadía.
Artículo 18.- Todo servicio y establecimiento de atención progresiva para las personas mayores, público o privado, brindará atención socio-sanitaria e interdisciplinaria y promoverá el desarrollo de una convivencia propicia que garantice los derechos y respeto a los valores individuales, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mismas, mediante un envejecimiento digno, activo y saludable.
Artículo 19.- Todo establecimiento, público o privado, que albergue o aloje personas mayores deberá contar con la debida autorización y habilitación otorgada por la autoridad provincial competente, conforme a la normativa vigente.
CAPÍTULO III
Registro Provincial Único de Asistentes Gerontológicos
Artículo 20.- Créase el Registro Provincial Único de Asistentes Gerontológicos, en el ámbito de la Secretaría de Salud, con el objeto de sistematizar en una base de datos, el personal calificado para la atención y cuidado de las personas mayores previsto en la Ley X XCÓS. Los/as cuidadores/as, para la inscripción, deberán reunir los siguientes requisitos:
a)     tener título o capacitación afín otorgada por entidad oficial y/o reconocida, que acredite formación específica en gerontología, asegurando la incorporación e internal i zación del enfoque de humanización de los cuidados, buenas prácticas, atención gerontológica integral centrada en la persona y enfoque de derechos, junto al desempeño actitudinal fundamentado en valores éticos;
b)     certificado de antecedentes penales;
c)     todos los requeridos por la Resolución SENAF N°83O, del 15 de junio de 2016 y por medio de la Resolución SENAF N° 167/2017 y su correspondiente ANEXO y/o la que en el futuro la reemplace.
La inscripción deberá ser renovada cada dos (2) años.
TÍTULO V
Capítulo I
Del Consejo Provincial de personas mayores
Artículo 21.- El Estado provincial propiciará la existencia y funcionamiento del Consejo Provincial de Personas Mayores, concebido como un ámbito estratégico, permanente y plural de participación, consulta y articulación de políticas públicas, destinado a la integración activa de las personas mayores, sean o no jubiladas.
El Consejo funcionará como un espacio de autogestión y representación de las personas mayores, trabajando de manera consensuada y coordinada con el Poder Ejecutivo Provincial, a fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley y promover el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Artículo 22.- El Consejo Provincial de personas mayores estará integrado por representantes de los Consejos Locales de personas mayores de cada localidad, quienes serán designados por elección de sus pares.
La reglamentación deberá establecer los criterios de representación, el procedimiento de elección, la duración de los mandatos, los mecanismos de reemplazo y las pautas de funcionamiento interno, garantizando la participación equitativa y federal de todas las localidades de la provincia.
Los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones ad honorem.
Artículo 23.- Para ser designado miembro del Consejo Provincial de personas mayores se requiere:
a)     Edad superior a 60 (sesenta) años;
b)     residir en la Provincia del Chubut;
c)     autorización y acuerdo documentado de pertenencia al Consejo de su localidad.
Artículo 24.- Serán funciones del Consejo Provincial de personas mayores:
a)     Promover el vínculo familiar responsable, generando lazos de cooperación, comunicación y compromiso dentro del ámbito familiar para el cuidado físico y emocional del adulto mayor;
b)     asesorar y proponer al Poder Ejecutivo las políticas del área;
c)     requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus fines;
d)     promover y articular acciones entre las distintas áreas del Estado y la sociedad para el cumplimiento de los postulados de la presente ley;
e)     promover la participación en el diseño de la política oficial de los medios de comunicación, relacionada con el tema;
f)     promover la realización de congresos, seminarios y encuentros de carácter diverso y participar en los que organicen otras entidades u organismos afínes;
g)     promover el desarrollo de la investigación y capacitación en la materia;
h)     propiciar la creación de centros recreativos comunitarios fomentando el desarrollo de talleres y actividades culturales y recreativas;
i)     dictar y corregir su reglamento interno de acuerdo con las leyes vigentes y en consenso con el Poder Ejecutivo.
Capítulo II
Del Consejo Municipal
Artículo 25.- Los Consejos Locales de Personas Mayores (CLAM) son ámbitos estratégicos, permanentes y plurales de participación, consulta, incidencia y articulación de políticas públicas a nivel municipal o comunal, destinados a la integración activa de las personas mayores, sean o no jubiladas.
Actúan con autogestión, carácter ad honorem de sus integrantes y sin fines de lucro, promoviendo los principios de enfoque de derechos, accesibilidad universal, no discriminación, intercultural ¡dad, igualdad y no violencia, perspectiva de género y diversidad, y atención a la rural idad y la dispersión geográfica. Su actuación no desplazará competencias municipales/comunales, sino que se coordinará con las áreas locales y con la Autoridad de Aplicación provincial.
Artículo 26.- Para integrar el CLAM se requieren las mismas condiciones que para el Consejo Provincial de Adultos Mayores establecidas en el artículo 23 de la presente ley.
Artículo 27.- El CLAM tendrá una mesa de articulación, la que podrá ser conformada por representantes de:
a)     Centros o asociaciones de personas mayores de la localidad;
b)     organizaciones comunitarias y barriales con trabajo en vejez;
c)     prestadores/as y cuidadores/as comunitarios/as;
d)     organizaciones de y para personas con discapacidad con representación de personas mayores;
e)     ámbitos educativos, deportivos o culturales con oferta para personas mayores;
f)     al menos un/a representante del municipio o comuna en la que funciona el CLAM.
Articulo 28.- El objetivo de la mesa de articulación es coordinar, priorizar y dar seguimiento a las políticas, programas y proyectos locales dirigidos a personas mayores, ordenando la agenda común entre el CLAM, el municipio/comuna y las organizaciones participantes, asegurando participación efectiva, cobertura territorial, accesibilidad, y coherencia con el Plan Provincial y el Plan Loca].


Articulo 29.- Serán funciones de los CLAM, en el ámbito municipal o comunal:
a)     Promover el vínculo familiar responsable, generando lazos de cooperación, comunicación y compromiso para el cuidado físico y emocional de las personas mayores;
b)     asesorar y proponer al Departamento Ejecutivo municipal/comunal y, cuando corresponda, al Concejo Deliberante u órgano equivalente, políticas, programas y normas del área;
c)     requerir la información necesaria a las áreas locales para el cumplimiento de sus fines;
d)     promover y articular acciones entre las distintas áreas del Estado local y la sociedad, y con organismos provinciales y nacionales con presencia en la jurisdicción, para el cumplimiento de esta ley;
e)     promover la participación en el diseño e impulso de campañas y políticas locales de comunicación y sensibilización vinculadas a las personas mayores;
f)     promover la realización de congresos, seminarios y encuentros locales y participar en los organizados por otras entidades u organismos afínes;
g)     promover el desarrollo de la investigación y la capacitación en la materia a nivel local;
h)     propiciar la creación y fortalecí miento de centros recreativos comunitarios, fomentando talleres y actividades culturales y recreativas para personas mayores;
i)     dictar y actualizar su reglamento interno, de acuerdo con las leyes y ordenanzas vigentes y en acuerdo con la autoridad municipal/comunal,
TÍTULO VI
Capítulo I
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 30.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley y aprobará el Plan Provincial de Promoción y Protección de Derechos de las Personas Mayores en un plazo de 180 días desde su promulgación.
Artículo 31.- Invítase a los Municipios de la Provincia del Chubut a la adhesión de la presente ley y dictar normas locales en ese sentido.
Artículo 32.- Derogúese la Ley I N°193.
Artículo 33. - LEY GENERAL. Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORAB ^E LEGISL ATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS DIECISÉIS DÍAS DELÁíES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.-     I


ANEXO i CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES
PREÁMBULO
Los Estados Parte en la presente Convención, Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales; Reiterando el propósito de consolidar, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona; Teniendo en cuenta que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, sí se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos; Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad; Resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano; Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades; Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza; Recordando lo establecido en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009). la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012); Decididos a incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas, así como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada implementación y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica; Reafirmando el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y regional para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor; Respaldando activamente la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a hacer efectivos los derechos de la persona mayor y destacando la necesidad de eliminar toda forma de discriminación; Convencidos de la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales; y Convencidos también de que la adopción de una convención amplia e integral contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor, y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos, Han convenido suscribir la presente Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante, la “Convención”);
CAPÍTULO 1
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
Artículo 1°.- Ámbito de aplicación y objeto El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no contradigan el propósito y razón de los mismos. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
Artículo 2°.- Definiciones A los efectos de la presente Convención se entiende por: “Abandono”: La falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral. “Cuidados paliativos”: La atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días. Implica una atención primordial al control del dolor, de otros síntomas y de los problemas sociales, psicológicos y espirituales de la persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno y su familia. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal; no la aceleran ni retrasan. “Discriminación”: Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. “Discriminación múltiple”: Cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación. “Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. “Envejecimiento”: Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. “Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por e] cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población. “Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. “Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido, omisión, desamparo e indefensión que le causa un daño o sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público como privado, cuando no se hayan tomado las precauciones normales necesarias de conformidad con las circunstancias. “Persona mayor”: Aquella de 60 anos o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor. “Persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo”: Aquella que reside temporal o permanentemente en un establecimiento regulado sea público, privado o mixto, en el que recibe servicios socio-sanitarios integrales de calidad, incluidas las residencias de larga estadía, que brindan estos servicios de atención por tiempo prolongado a la persona mayor, con dependencia moderada o severa que no pueda recibir cuidados en su domicilio. “Servicios socio- sanitarios integrados”: Beneficios y prestaciones institucionales para responderá las necesidades de tipo sanitario y social de la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y promover su independencia y autonomía. “Unidad doméstica u hogar”: El grupo de personas que viven en una misma vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común las necesidades básicas, sin que sea necesario que existan lazos de parentesco entre ellos. “Vejez”: Construcción social de la última etapa de! curso de vida.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 3°.- Son principios generales aplicables a la Convención:
a)     La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor;

b)     la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo,
c)     la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor;
d)     la igualdad y no discriminación;
e)     la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad;
f)     el bienestar y cuidado;
g)     la seguridad física, económica y social;
h)     la autorrealización;
i)     la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida;
j)     la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria;
k)     el buen trato y la atención preferencia!;
l)     el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor;
m)     el respeto y valorización de la diversidad cultural;
n)     la protección judicial efectiva;
o)     la responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.
CAPÍTULO III
DEBERES GENERALES DE LOS ESTADOS PARTE
Artículo 4".- Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:
a)     Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infaiitilizacióii, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor;
b)     adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo;
c)     adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos;
d)     adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional;
e)     promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral;
f)     promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención;
g)     promoverán ¡a recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.
CAPÍTULO IV
DERECHOS PROTEGIDOS
Articulo 5°.- Igualdad y no discriminación por razones de edad Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez. Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescend¡entes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.
Artículo 6°.- Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Los Estados Parle tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.
Artículo 7°.- Derecho a la independencia y a la autonomía Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar y promover el pleno goce de estos derechos por la persona mayor, propiciando su autorealización, el fortalecimiento de todas las familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones afectivas. En especial, asegurarán:
a)     El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, asi como a su independencia en la realización de sus actos;
b)     que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo aun sistema de vida específico;
c)     que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencia! y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, y para evitar su aislamiento o separación de ésta.
Artículo 8o.- Derecho a la participación e integración comunitaria La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas. Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal fin;
a)     Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos;
b)     promoverán la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo social;
c)     asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades.
Artículo 9°.- Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición. La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. Para los efectos de esta Convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra. Los Estados parte se comprometen a:
a)     Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos;
b)     producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de posibles situaciones de violencia a fin de desarrollar políticas de prevención;
c)     promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono de la persona mayor. Fomentar el acceso de la persona mayor a dichos servicios y a la información sobre los misinos;
d)     establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los derechos de la persona mayor;
e)     informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas;
f)     capacitar y sensibilizara funcionarios públicos, a ¡os encargados de los servicios sociales y de salud, al personal encargado de la atención y el cuidado de la persona mayor en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios sobre las diversas formas de violencia, a fin de brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o prácticas de violencia y maltrato;
g)     desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir escenarios de violencia en el hogar o unidad doméstica;
h)     promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de violencia contra la persona mayor, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la atención de esos casos;
i)     promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.
Artículo 10.- Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes La persona mayor tiene derecho ano ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.
Artículo 11.- Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos humanos de la persona mayor. Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación, en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios. Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor. Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor. En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la legislación nacional. La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter físico o psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de dicha decisión. Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor pueda manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en cualquier momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación nacional.
Artículo 12.' Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía. Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona mayor, respetándose su opinión. Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor. Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servicios de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:
a)     Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de servicios de cuidado de largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona mayor;
b)     Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o agravar la condición existente;
c)     establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación de la persona mayor, incluyendo la adopción de medidas para:
1.     Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a sus expedientes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el acceso a los distintos medios de comunicación e información, incluidas las redes sociales, así como informar a la persona mayor sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios de cuidado a largo plazo.
2.     Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.
3.     Promover la interacción familiar y social de la persona mayor, teniendo en cuenta a todas las familias y sus relaciones afectivas.
4.     Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la persona mayor.
5.     Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad e intimidad en las actividades que desarrolle, particularmente en los actos de higiene personal.
d)     establecer la legislación necesaria, conforme a los mecanismos nacionales, para que los responsables y el personal de servicios de cuidado a largo plazo respondan administrativa, civil y/o penalmente por los actos que practiquen en detrimento de la persona mayor, según corresponda;
e)     adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona mayor que se encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo plazo cuente con servicios de cuidados paliativos que abarquen al paciente, su entorno y su familia.
Artículo 13.- Derecho a la libertad personal La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad. Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención. Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.
Artículo 14.- Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opinión y al acceso a la información, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de su elección. Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.
Artículo 15.- Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación La persona mayor tiene derecho a la libertad de circulación, a la libertad para elegir su residencia y a poseer una nacionalidad en igualdad de condiciones con los demás sectores de la población, sin discriminación por razones de edad. Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo de dichos derechos.
Artículo 16.- Derecho a la privacidad y a la intimidad La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación. La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.
Artículo 17.- Derecho a la seguridad social Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna. Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor recíba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social. Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales, acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor migrante. Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional.
Artículo 18- Derecho al trabajo La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad. Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales. El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades. Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del trabajo no remunerado. Los Estados Parte promoverán programas y medidas que faciliten una transición gradual a la jubilación, para lo cual podrán contar con la participación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados. Los Estados Parte promoverán políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la persona mayor. Los Estados Parte alentarán el diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimiento y saberes para promover el acceso de la persona mayor a mercados laborales más inclusivos.
Artículo 19.- Derecho a la salud La persona mayor tiene derecho a su salud física y menta!, sin ningún tipo de discriminación. Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas ¡ntersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social. Para hacer efectivo este derecho, los Estados Parte se comprometen a tomar las siguientes medidas:
a)     Asegurar la atención preferencia! y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y con los usos y costumbres;
b)     formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, planes y estrategias para fomentar un envejecimiento activo y saludable;
c)     fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de la persona mayor;
d)     fomentar, cuando corresponda, la cooperación internacional en cuanto al diseño de políticas públicas, planes, estrategias y legislación, y el intercambio de capacidades y recursos para ejecutar planes de salud para la persona mayor y su proceso de envejecimiento;
e)     fortalecer las acciones de prevención a través de las autoridades de salud y la prevención de enfermedades, incluyendo la realización de cursos de educación, el conocimiento de las patologías y opinión informada de la persona mayor en el tratamiento de enfermedades crónicas y otros problemas de salud;
f)     garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de calidad para la persona mayor con enfermedades no transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas por transmisión sexual;
g)     fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el estado nutricional de la persona mayor;
h)     promover el desarrollo de servicios socio-sanitarios integrados especializados para atender a la persona mayor con enfermedades que generan dependencia, incluidas las crónico-degenerativas, las demencias y la enfermedad de Alzheimer;
i)     fortalecer las capacidades de los trabajadores de los servicios de salud, sociales y socio- sanitarios integrados y de otros actores, en relación con la atención de la persona mayor, teniendo en consideración los principios contenidos en la presente Convención,
j)     promover y fortalecer la investigación y la formación académica profesional y técnica especializada en geriatría, gerontología y cuidados paliativos;
k)     formular, adecuar e implementar, según la legislación vigente en cada país, políticas referidas a la capacitación y aplicación de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, en relación con la atención integral de la persona mayor;
l)     promover las medidas necesarias para que los servicios de cuidados paliativos estén disponibles y accesibles para la persona mayor, así como para apoyar a sus familias;
m)     garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos;
n)     garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en sus expedientes personales, sean físicos o digitales;
o)     promover y garantizar progresivamente, y de acuerdo con sus capacidades, el acompañamiento y la capacitación a personas que ejerzan tareas de cuidado de la persona mayor, incluyendo familiares, con el fin de procurar su salud y bienestar.

Artículo 20.- Derecho a la educación La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de
condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en las modalidades definidas
por cada uno de los Estados Parte, y a participar en los programas educativos existentes en todos los
niveles, y a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones. Los Estados
Parte garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación de la persona mayor y se
comprometen a:
a) Facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y de formación adecuados
que permitan el acceso, entre otros, a los distintos niveles del ciclo educativo, a
programas de alfabetización y postalfabetización, formación técnica y profesional, y a
la educación permanente continua, en especial a los grupos en situación de
vulnerabilidad;
b) promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y
accesibles para la persona mayor que atiendan sus necesidades, preferencias, aptitudes,
motivaciones e identidad cultural;
c)adoptar las medidas necesarias para reducir y, progresivamente, eliminar las barreras y
las dificultades de acceso a los bienes y servicios educativos en el medio rural;
d)promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital,
generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria;
e)diseñar e implementar políticas activas para erradicar el analfabetismo de la persona
mayor y, en especial, de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad;
f) fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor en actividades
educativas, tanto formales como no formales.
Artículo 21.- Derecho a la cultura La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso científico y tecnológico y de otros productos de la diversidad cultural, asi como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle. Los Estados Parte reconocerán, garantizarán y protegerán el derecho a la propiedad intelectual de la persona mayor, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la población y de acuerdo con la legislación interna y ios instrumentos internacionales adoptados en este ámbito. Los Estados Parte promoverán las medidas necesarias para asegurar el acceso preferencia) de la persona mayor a los bienes y servicios culturales, en formatos y condiciones asequibles. Los Estados Parte fomentarán programas culturales para que la persona mayor pueda desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad como agente transmisor de valores, conocimientos y cultura. Los Estados Parte impulsarán la participación de las organizaciones de personas mayores en la planificación, realización y divulgación de proyectos educativos y culturales. Los Estados Parte incentivarán, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, los aportes de la persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y culturales.
Artículo 22.- Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el esparcimiento y el deporte. Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas sus dimensiones y promover su autorreaiización, independencia, autonomía e inclusión en la comunidad. La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y evaluación de dichos servicios, programas o actividades.
Artículo 23.- Derecho a la propiedad Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad. Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad.
Artículo 24.- Derecho a la vivienda La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades. Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad. Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados Parte fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras formas de financiamiento sin discriminación, promoviendo, entre otros, la colaboración con el sector privado, la sociedad civil y otros actores sociales. Las políticas deberán tener especialmente en cuenta:
a)     La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el fin de que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con su movilidad,
b)     las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que viven solas, a través de subsidios para el alquiler, apoyo a las renovaciones de la vivienda y otras medidas pertinentes, según la capacidad de los Estados Parte. Los Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de reclamación y justicia en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas contra los desalojos forzosos ilegales. Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención de accidentes en el entorno y el hogar de la persona mayor.
Artículo 25.- Derecho a un medio ambiente sano La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho, entre ellas:
a)     Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía con la naturaleza;
b)     garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros.
Artículo 26.- Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, y a su movilidad personal. A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a)     Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b)     los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:
1.     Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre ¡a accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
2.     asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para la persona mayor;
3.     ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad que enfrenta la persona mayor;
4.     promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a la persona mayor para asegurar su acceso a la información;
5.     promover el acceso de la persona mayor a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet y que estas sean accesibles al menor costo posible;
6.     propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona mayor;
7.     promover iniciativas en los servicios de transporte público o de uso público para que haya asientos reservados para la persona mayor, los cuales deberán ser identificados con la señalización correspondiente;
8.     dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en formatos de fácil lectura, comprensión y adecuados para la persona mayor.
Artículo 27,- Derechos políticos La persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás y a no ser discriminados por motivo de edad. La persona mayor tiene derecho a votar libremente y ser elegido, debiendo el Estado facilitar las condiciones y los medios para ejercer esos derechos. Los Estados Parte garantizarán a la persona mayor una participación plena y efectiva en su derecho a voto y adoptarán las siguientes medidas pertinentes para:
a)     Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
b)     proteger el derecho de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos públicos, sin intimidación;
c)     garantizar la libre expresión de la voluntad de la persona mayor como elector y a este fin, cuando sea necesario y con su consentimiento, permitir que una persona de su elección le preste asistencia para votar;
d)     crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de incorporar en los procesos de toma de decisión en todos los niveles de Gobierno las opiniones, aportes y demandas de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones.
Artículo 28.- Derecho de reunión y de asociación La persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar libremente sus propias agrupaciones o asociaciones, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. A tal fin los Estados Parte se comprometen a:
a) Facilitar la creación y el reconocimiento legal de dichas agrupaciones o asociaciones, respetando su libertad de iniciativa y prestándoles apoyo para su formación y desempeño de acuerdo con la capacidad de los Estados Parte;
b) fortalecer las asociaciones de personas mayores y el desarrollo de liderazgos positivos que faciliten el logro de sus objetivos y la difusión de los derechos enunciados en la presente Convención.
Artículo 29.- Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas de derecho internacional, en particular del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los Estados Parte adoptarán medidas de atención específicas a las necesidades de la persona mayor en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias, desastres o conflictos. Los Estados Parte propiciarán que la persona mayor interesada participe en los protocolos de protección civil en caso de desastres naturales.
Artículo 30.- Igual reconocimiento como persona ante la ley Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayoral apoyo que puedan necesitaren el ejercicio de su capacidad jurídica. Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona mayor, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona mayor, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de la persona mayor. Sin perjuicio de ]o dispuesto en el presente artículo, los Estados Parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietaria y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que la persona mayor no sea privada de sus bienes de manera arbitraria.
Artículo 31.- Acceso a la justicia La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal O de cualquier otro carácter. Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencia! a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover:
a)     Mecanismos alternativos de solución de controversias;
b)     capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona mayor.
CAPÍTULO V
TOMA DE CONCIENCIA
Artículo 32.- Los Estados Parte acuerdan:

a)     Adoptar medidas para lograr la divulgación y capacitación progresiva de toda la sociedad sobre la presente Convención;
b)     fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre ¡a base de una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez;
c)     desarrollar programas para sensibilizar a la población sobre el proceso de envejecimiento y sobre la persona mayor, fomentando la participación de ésta y de sus organizaciones en el diseño y formulación de dichos programas;
d)     promover la inclusión de contenidos que propicien la compresión y aceptación de la etapa del envejecimiento en los planes y programas de estudios de los diferentes niveles educativos, así como en las agendas académicas y de investigación;
e)     promover el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto.
CAPÍTULO VI
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN
Y MEDIOS DE PROTECCIÓN
Artículo 33.- Mecanismo de Seguimiento Con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la efectiva implementación de la presente Convención se establece un mecanismo de seguimiento integrado por una Conferencia de Estados Parte y un Comité de Expertos. El Mecanismo de Seguimiento quedará constituido cuando se haya recibido el décimo instrumento de ratificación o adhesión. Las funciones de la secretaría del Mecanismo de Seguimiento serán ejercidas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 34.- Conferencia de Estados Parte La Conferencia de Estados Parte es el órgano principa) del Mecanismo de Seguimiento, está integrada por los Estados Parte en la Convención y tiene, entre otras, las siguientes funciones:
a)     Dar seguimiento al avance de los Estados Parte en el cumplimiento de los compromisos emanados de la presente Convención;
b)     elaborar su reglamento y aprobarlo por mayoría absoluta;
c)     dar seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Expertos y formular recomendaciones con el objetivo de mejorar el funcionamiento, las reglas y procedimientos de dicho Comité;
d)     recibir, analizar y evaluar las recomendaciones del Comité de Expertos y formular las observaciones pertinentes;
e)     promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la cooperación técnica entre los Estados Parte con miras a garantizar la efectiva implementación de la presente Convención;
fj resolver cualquier asunto relacionado con el funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos convocará la primera reunión de la Conferencia de Estados Parte dentro de los noventa días de haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento. La primera reunión de la Conferencia será celebrada en la sede de la Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento y metodología de trabajo, así como para elegir a sus autoridades. Dicha reunión será presidida por un representante del Estado que deposíte el primer instrumento de ratificación o adhesión de la presente Convención. Las reuniones ulteriores serán convocadas por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos a solicitud de cualquier Estado Parte, con la aprobación de dos tercios de los mismos. En ellas podrán participar como observadores los demás Estados Miembros de la Organización.
Articulo 35.- Comité de Expertos El Comité estará integrado por expertos designados por cada uno de los Estados Parte en la Convención. El quorum para sesionar será establecido en su reglamento. El Comité de Expertos tiene las siguientes funciones:
a)     Colaborar en el seguimiento al avance de los Estados Parte en la impiementación de la presente Convención, siendo responsable del análisis técnico de los informes periódicos presentados por los Estados Parte. A tales efectos, los Estados Parte se comprometen a presentar un informe al Comité de Expertos con relación al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Convención, dentro del año siguiente de haberse realizado la primera reunión De allí en adelante, los Estados Parte presentarán informes cada cuatro años;
b)     presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la Convención sobre la base de los informes presentados por los Estados Parte de conformidad con el tema objeto de análisis;
c)     elaborar y aprobar su propio reglamento en el marco de las funciones establecidas en el presente artículo. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos convocará la primera reunión del Comité de Expertos dentro de los noventa dias de haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento. La primera reunión del Comité de Expertos será celebrada en la sede de la Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento y metodología de trabajo, así como para elegir a sus autoridades. Dicha reunión será presidida por un representante del Estado que deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión de la presente Convención. El Comité de Expertos tendrá su sede en la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 36.- Sistema de peticiones individuales Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos de la presente Convención por un Estado Parte. Para el desarrollo de lo previsto en el presente artículo se tendrá en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales objeto de protección por la presente Convención. Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a la presente Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los Estados Parte podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención. Asimismo, podrán solicitar a la Comisión asesoramiento y cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a la presente Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial la competencia de la Corte Interamericanade Derechos Humanos sobretodos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 37.- Firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor La presente Convención está abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados Miembros de la Organización que no la hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a la Convención. Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. La presente


Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención después de que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.
Artículo 38.- Reservas Los Estados Parte podrán formular reservas a la Convención en el momento de su firma, ratificación o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más de sus disposiciones específicas.
Artículo 39.- Denuncia La Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte podrá denunciarla mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los demás Estados Parte. La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por la presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.
Artículo 40- Depósito El instrumento original de la Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 41.- Enmiendas Cualquier Estado Parte puede someter a la Conferencia Estados Parte propuestas de enmiendas a esta Convención. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados ^artc hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados parte. entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

RAWSON, 31 0CT 2025

VISTO Y CONSIDERANDO:
El proyecto de ley referente a la Promoción Integral de las Personas Mayores; sancionado por la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut el día 16 de octubre de 2025 y la facultad que otorga al Poder Ejecutivo el artículo 140° de la Constitución Provincial;
POR ELLO:
Téngase por Ley de la Provincia: I N°835
Cúmplase, comuniqúese y publiquese en el Boletín Oficial

DECRETO N° 1377/2025